Las autodefensas son un fenómeno presente en todo América Latina. Su presencia es resultado del fracaso de las políticas de seguridad de los gobiernos de distinto signo político, que por igual han sido rebasados por el narcotráfico internacional y el crimen organizado.
En los estados de Guerrero y Michoacán las policías comunitarias hicieron una gran contribución al defender a empresarios y comerciantes que eran víctimas de la extorsión, y al llamar la atención del problema que afecta a la región de Tierra Caliente.
Sin embargo, es tiempo de que todos esos grupos que en un momento dado suplieron al estado para combatir al crimen organizado que operaba libremente en la región, se desarmen, y de que los mexicanos exijamos a las autoridades que cumplan su función de hacer valer el estado de derecho y garantizar la seguridad pública.
La inmediatez y la eficacia con la que el gobierno federal cumpla sus responsabilidades en materia de Justicia y Seguridad Pública, será determinante para que los miembros de estos grupos regresen a sus actividades comunes.
De lo contrario hay el riesgo de que evolucionen a grupos paramilitares como los existentes en algunas zonas de América Latina -pactando con los cárteles de la droga- y se conviertan en un nuevo problema de seguridad para el Estado.
En un país de instituciones como el nuestro, nadie puede ni debe hacerse justicia por propia mano. Permitirlo es poner en duda las estructuras gubernamentales y promover el desorden público, así como el crecimiento de las minorías radicales.
Además, la ocupación de fuerzas federales no es la mejor estrategia pensando en el mediano y largo plazo. Se requiere fortalecer al gobierno michoacano y a todos los gobiernos estatales, para que sean ellos y sus fuerzas del orden, los que cumplan con el anhelo de todos los mexicanos de tener seguridad pública y paz social.
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