Ciudad de México, 23 de marzo de 2016.- Nuevas evidencias en el caso del fraude cometido por Pedro Topete y Paulo Diez, en contra de la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), señalan que ex directivos y funcionarios del mismo consorcio podrían estar involucrados en la creación de diversas empresas para sacarle 20 millones de dólares a ICA.
El reportaje de Juan Bustillos en la revista IMPACTO, con el título “Arman carrusel de empresas con dinero de ICA”, destaca que hay indicios de que los ex directivos y funcionarios de ICA, como José Luis Guerrero y Alonso Quintana, recibieron una parte de la transacción fraudulenta dentro de un “carrusel” de empresas que se creó para efectos de “recuperación” de un IVA de la compra-venta de la autopista.
En su edición 3447 del 20 de marzo de 2016, la editorial también publica que cuenta con documentos que confirman el fraude de los hoy socios de Infraiber, a Grupo ICA mediante la venta de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec en 2012, con un poder notarial falso.
Las pruebas en poder de IMPACTO, exponen que el dueño de Infraiber, Pedro Topete, investigado por la PGR por extorsión a la empresa OHL, y su socio, el abogado Paulo Díez Gargarín, son directamente responsables del agravamiento de la crisis de ICA, una de las constructoras más importantes del país.
Grupo ICA enfrenta actualmente graves problemas de solvencia económica, a los que nada ayuda que uno de sus activos más importantes, la concesión para operar la autopista Río de los Remedios-Ecatepec, fue adquirida de manera ilegal, con documentos descalificados por un Notario Público.
La venta fue pactada en 2007 y concretada en 2012 con Pedro Topete Vargas y su socio, Paulo Díez; quienes asumiéndose como representantes de los dueños de la empresa Viabilis Infraestructura S. A. de C. V., recibieron dos pagos de parte de ICA, uno por 20 millones de dólares en 2008 y otro, en 2012, por mil millones de pesos.
Para realizar la venta de las acciones de Viabilis Infraestructura S. A. de C.V., a Controladora de Operaciones de Infraestructura S. A. de C. V. (CONOISA) -subsidiaria de ICA-, Topete y Díez utilizaron el poder notarial número 1960, con el que se dio paso a una nueva empresa llamada Viabilis Infraestructura S. A. P. I. de C. V., con la venia del CEO de la empresa compradora, Alonso Quintana.
El problema que tiene la empresa compradora es que ese poder notarial es falso y por tanto inexistente, lo que puede agravar la crisis económica de la compañía, pues, incluso, ante la Bolsa de Valores de Nueva York han considerado un activo que legalmente no les pertenece.
Tanta temeridad fue confirmada por Mario Pedro Velázquez Barrera, notario número 8 del Distrito Judicial de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, quien señaló el 23 de mayo de 2012, ante agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo con Violencia y Delitos Patrimoniales, dependiente de la PGJ del Estado de México, que si bien se iniciaron dos procesos de otorgamiento de poderes completos a favor de Pedro Topete, nunca concluyeron, ya que no fueron firmados por las partes.
Durante la diligencia, el notario fue notificado de que uno de esos poderes fue utilizado para vender las acciones de los dueños originales por parte del supuesto apoderado, Pedro Topete Vargas, por lo que el fedatario presentó una denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público investigador de Tlaxcoapan, Hidalgo, con el número de averiguación previa 16/TLAX/I/430/2012, por el delito de uso de documentos falsos en contra de quien resulte responsable.
En su declaración, el Notario Público sugiere que el poder notarial exhibido por Pedro Topete Vargas es falso.
Paulo Díez, cerebro jurídico de todo
El artífice de las acciones jurídicas de las empresas de Pedro Topete para hacer negocios, alianzas, adquirir empresas o quedarse con empresas de sus socios, es Paulo Díez Gargarín, el abogado que adquirió notoriedad por defender públicamente a Infraiber, la empresa que está acusada de extorsionar a OHL.
Aunque en sus apariciones ante los medios se presenta como abogado de Infraiber, la verdad es que es socio en el negocio con ICA y es parte del despojo cometido en agravio de los socios originales de la compañía que adquirió, ilegalmente, la empresa a cargo de Alonso Quintana.
La relación de Díez Gargarín con Topete Vargas data de abril de 2005, cuando éste firmó, con el despacho del primero, un convenio de prestación de servicios profesionales para implementar el esquema jurídico que permitiera a Viabilis Infraestructura S. A. de C. V., obtener el financiamiento de los trabajos de construcción de la autopista Río de los Remedios-Ecatepec.
Cinco años después, el abogado se volvió socio de Pedro Topete al adquirir el 3 por ciento de las acciones a los socios fundadores el 11 de mayo de 2010. En esa calidad acompañó en la venta fraudulenta a ICA de una empresa que, expresamente, las autoridades habían declarado que no podía venderse, dado que el poder notarial que se pretendía utilizar era falso.
Arman carrusel de empresas con dinero de ICA
Grupo ICA anunció en septiembre de 2007, a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a su similar de Nueva York, haber consolidado las negociaciones iniciadas en abril anterior para adquirir el 50 por ciento de la empresa que tenía el contrato de construcción y operación de la autopista Río de los Remedios; para esto desembolsó, inicialmente, 20 millones de dólares.
Con esos recursos, ICA obtuvo el control de la construcción de la autopista y en 2012 procedió a liquidar el total de la compra, entregando otros mil millones de pesos a la parte vendedora, representada por el empresario Pedro Topete Vargas.
Sin embargo, una serie de documentos en poder de los accionistas, y cuyas copias fueron enviadas a la revista IMPACTO, revelan que la parte vendedora no estaba legalmente facultada para realizar la operación y utilizó un poder notarial falso, a espaldas de los accionistas de Viabilis Infraestructura, S. A.
Pese a ello, lo extraño de todo no es tanto que los directivos de ICA, como José Luis Guerrero y Alonso Quintana, hicieran a un lado todas las advertencias de que no deberían firmar la compra-venta, pues el vendedor estaba usando un documento falso, sino que una vez pagados los primeros anticipos se procedió a realizar, de manera conjunta, una serie de esquemas en sociedad para mover a diversas empresas parte de los 20 millones de dólares liquidados en la compra-venta, lo que lleva a pensar a accionistas e inversionistas en un posible esquema de defraudación y de despojo.
Según las evidencias, Topete y su socio Díez enviaron a diversas empresas en un proceso financiero donde una empresa paga a otra, y a otra, al menos 5 de los 20 millones de dólares recibidos por ICA como parte de los primeros pagos de la operación.
Al final, una empresa de Topete devuelve, presuntamente a ICA, 5 millones de dólares y se queda sólo con el IVA de esa cantidad.
Todo indica que los 5 millones de dólares que habrían sido devueltos a ICA o a sus directivos, y que generaron la creación del esquema de pagar a diversas empresas para encubrir ese movimiento, fueron producto del tercer pago, que, para efectos fiscales, la empresa compradora y la vendedora llamaron “honorarios” de entrada de la constructora a la concesión de la autopista.
Ese dinero se habría depositado después del 28 de abril de 2007, cuando Mayela Tinajero Quintana, desde su cuenta de mail mayela.tinajero@ica.com.mx, escribió a Topete Vargas: “En relación a los $5MDD que ICA te va a depositar, me puedes enviar los datos de la cuenta en donde quieres que se haga la transferencia; te lo agradezco mucho”.
Al parecer, el “carrusel” de empresas estaría creado para efectos de “recuperación” de un IVA, pero hay indicios de que también funcionaría para devolver una fuerte cantidad de dinero en dólares a ICA o a sus directivos.
Sale dinero de ICA y regresa… ¿a ICA?
Y es que otro correo de fecha 5 de mayo, del mismo Antonio Sordo, dirigido a Juan Manuel González Bernal, yerno del entonces CEO de ICA, José Luis Guerrero, sería un indicio firme que confirmaría el arreglo de devolución entre compradores y vendedores, algo común cuando se hace negocio con dinero público o de accionistas.
Le dice: “Entiendo que mañana te reunirás con Paulo (Díez) para discutir el Convenio de Accionistas; en este sentido, agradeceré que también puedas discutir (y analizar) la Terminación del Convenio de Asociación (en la cual Viabilis Holding devuelve los 5´) y el convenio de Asociación con las nuevas S. A. -que son requisitos para estar en posibilidades de iniciar el ‘carrousel’ (para regularizar el primer pago)”.
Un correo del 14 de mayo enviado por el propio Antonio Sordo a Enrique Aguilar confirmaría que por lo menos 5 millones de dólares 750 mil pesos (con el IVA incluido) serían movilizados saliendo de ICA, y a través del esquema del multicitado carrusel, al parecer como una especie de devolución o de compensación de los vendedores hacia empresarios que participaron en las negociaciones en nombre de la parte compradora.
“Adjunto la propuesta de ‘carrousel’ (sic) con la que procederíamos; agradeceré tu visto bueno. El ‘carrousel’ inicia una vez que se hayan cumplido las demás condiciones precedentes a ese punto (firma convenio terminación, firma nuevo convenio accionistas, compra-venta acciones Viabilis)”, se lee en el documento.
El plan para devolverle a funcionarios de ICA los 5 millones de dólares, más el IVA, estaba proyectado a realizarse en 8 pagos, a través de dos sociedades anónimas no identificadas en la tabla que se elaboró para esos efectos; el primero al día 1, de inicio del carrusel, y los siguientes los días 5, 9, 13, 17, 21, 25 y 29.
La historia aquí descrita tiene mayores implicaciones que el engaño, despojo y el fraude entre particulares.
Esta situación abre expedientes muy delicados para la justicia penal y, especialmente, la posible comisión de delitos fiscales que las autoridades habrán de investigar a partir de los elementos en poder de IMPACTO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario