Pedro Topete y Paulo Diez están denunciados por espionaje y extorsión, pero ni siquiera han sido llamados a comparecer; en España buscan que se les responsabilice legalmente porque sus mentiras propiciaron pérdidas económicas en la Bolsa de Valores
Por Cecilia Sáenz
Ciudad de México, 20 de junio de 2016.- En México, a la corrupción se le percibe en muchos sectores como un mal necesario, tanto, que solo se hacen intentos aislados o fallidos de antemano, para combatirla.
Los pocos empeños que se emprenden para desaparecerla, no van más allá de simples programas gubernamentales y de algunas propuestas sociales, como la llamada Ley #3de3 que recientemente impulsó el sector empresarial del país y que hoy, ya aprobada, sus propios promotores consideran contraproducente.
El predominio de la corrupción en nuestro país es tal, que se le ve como parte de la economía nacional y lo más grave, como el fiel en la aplicación e impartición de justicia.
Su práctica es tan habitual, que quienes la critican en público, en privado la aplauden, promueven y se benefician de ella.
Por eso es entendible que la compañía española OHL, que invierte y genera decenas de miles de empleos en México, haya decidido buscar fuera de nuestra nación, la justicia que le ha sido negada en la batalla legal que mantiene desde 2015 contra Infraiber y Paulo Díez Gargari.

La campaña de desprestigio mediante falsedades, le ha costado a la compañía española la depreciación de un 40 por ciento en el valor de sus acciones y la consecuente pérdida económica de cientos de millones de pesos, así como un largo litigio ante tribunales mexicanos, en donde la compañía ibérica ha denunciado diversos delitos, desde espionaje hasta daño moral e incluso extorsión, pero las investigaciones simplemente no prosperan.
A diferencia de OHL que se sabe es promotor de proyectos de colaboración público-privada para la creación de infraestructura carretera, que cotiza en la Bolsa de Valores de México y España y que es un consorcio internacional, de Pedro Topete y Paulo Díez solo se sabe que su actividad principal es el chantaje y el oportunismo, porque presionan a funcionarios y se benefician de la corrupción.
A pesar de lo anterior, en México, un sector de la prensa y legisladores del PAN y del PRD han aplaudido y animado el actuar deshonesto de ambos personajes, piezas del gran dique que representa la corrupción en nuestro país.
Se les olvida que Pedro Topete y Paulo Diez recibieron un contrato millonario, valuado en 4 mil millones de pesos, a través de Infraiber, una empresa que constituyeron expresamente para ese negocio, 90 días antes.
Se les olvida que por ese contrato para auditar el flujo de vehiculos en las autopistas del Estado de México, Grupo Infraiber cobraba 25 centavos por cada auto monitoreado, cuando los precios internacionales no rebasan los 5 centavos por unidad motriz.
Se les olvida que estos señores defraudaron a sus socios y vendieron, con un poder notarial falso, una autopista a Grupo ICA, hecho que además los convertía en juez y partes en el contrato de Infraiber.
Se les olvida que según OHL, intentaron extorsionar a esa empresa pidiendo 450 millones de dólares.
Esa corrupción que olvidan en México algunos medios y partidos políticos, es la que pide castigar OHL en España. Porque al hacer declaraciones sin sustento contra la compañía ibérica, Paulo Diez en nombre de Infraiber y de Pedro Topete, engañaron a la Bolsa de Valores y eso es algo que se castiga allá por el código penal.
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