Las organizaciones no gubernamentales presentaron un
paquete de medidas en las que contemplaron la
eliminación de programas sociales redundantes, de subsidios regresivos y sin
resultados positivos, como los de condonación de impuestos a grandes empresas;
el fortalecimiento a los gastos en salud, educación e infraestructura, y que al
mismo tiempo éstos cuenten un un mecanismo efectivo contra la corrupción, ya
que, consideran, se ha convertido en un lastre para el país y ha contribuido a
la desviación de los presupuestos a través de cuotas, moches, tráfico de
influencias y conflictos de interés.
Por Daniela Barragán septiembre 14, 2015
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Foto: Acción Ciudadana Contra la Pobreza.
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Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– La organizaciones
civiles que conforman el Colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza y el
Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) señalaron que ante
el escenario económico negativo que se vive, tanto a nivel nacional como
internacional, el Paquete Económico 2016 se limitó a proponer “fallidas medidas
de austeridad”, por lo que urgieron al Congreso a un debate responsable para
lograr un eficiente uso y repartición del dinero.
En conferencia de prensa, enfatizaron que la discusión no debe
centrarse sólo en los recortes presupuestales, sino en cómo cerrar la llave a
la corrupción y frenar la discrecionalidad del gasto público.
Además pidieron que se descongele la política de salarios mínimos, con
miras en considerar la reducción de la desigualdad y de la pobreza, y en crear
una estrategia efectiva de crecimiento económico.
Las organizaciones no gubernamentales presentaron en conjunto un
paquete de medidas que entregarán al Congreso, en las que contemplaron la
eliminación de programas sociales redundantes, de subsidios regresivos y sin
resultados positivos, como los de condonación de impuestos a grandes empresas;
el fortalecimiento a los gastos en salud, educación e infraestructura, y que al
mismo tiempo éstos cuenten un un mecanismo efectivo contra la corrupción, ya
que, consideran, se ha convertido en un lastre para el país y ha contribuido a
la desviación de los presupuestos a través de cuotas, moches, tráfico de
influencias y conflictos de interés.
Otra de las propuestas que presentarán busca iniciar un debate en
cuanto al Ramo 23, que abarca los bonos y pagos extraordinarios a servidores
públicos, seguro médico privado, financiamiento de campañas y partidos
políticos, propaganda gubernamental y partidas discrecionales de los
legisladores.
Maite Azuela, de la organización Dejemos de Hacernos Pendejos,
cuestionó que la política de austeridad se haya enfocado en las áreas de salud,
educación, campo e infraestructura.
“Si uno revisa los bonos, son insultantes. Los diputados se asignaron
324 millones de pesos sólo para viajar. Quizá no sea nada, pero al sumar, se
puede dejar libre cualquiera de los presupuestos que puedan echar a andar el
desarrollo social del país”, enfatizó.
Enrique Provencio, del Instituto de Estudios para la Transición
Democrática, comentó que la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) prevé una reducción del 20 por ciento en inversión pública, y
sólo se le otorgará el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que
es la más baja que el rubro ha recibido en los últimos 40 años.
Por su parte, Franciso Landero,
de la Fundación del Empresariado Mexicano, explicó que una mayor inversión
pública es necesaria para aumentar el crecimiento del país, ya que si no se
alcanza un crecimiento de al menos 5 por ciento, no habrá programa social ni
cambios de secretarios que puedan reducir la pobreza y la desigualdad.
EL PRESUPUESTO A PROGRAMAS SOCIALES
El especialista de la Fundación del Empresariado Mexicano agregó en
conferencia de prensa que debe cuestionarse el porqué a la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) se le ha triplicado el presupuesto en los últimos
25 años, dado que no ha dado buenos resultados en la disminuido de la pobreza.
Al respecto, el Coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza,
Ricardo Gómez Hermosillo, dijo que ante tal escenario se hacía necesaria una
política social de Estado que contemple la política social, la formalidad y los
salarios, ya que aunque Sedesol haga todo bien, no puede reducir la pobreza.
“Se debe vencer la programitis que no genera un piso de derechos sociales y no
son efectivos”, comentó.
Las más de 60 organizaciones que conforman el colectivo Acción
Ciudadana han manifestado que el manejo de los programas sociales profundizan
la desigualdad y no cumplen con su objetivo de reducir la pobreza, incluso
aquellos denominados como productivos.
Ha expuesto que los programas están mal aplicados y favorecen el
clientelismo, pues no hay un padrón claro y accesible, y no prioriza en la
gente con mayor necesidad, por lo que sostienen que debe haber acceso total a
todos los programas sociales, desde el manejo del presupuesto hasta la
situación y el impacto en los beneficiarios.
“Hay programas para mejoramiento de la economía y la reducción de la
pobreza que tienen muchos recursos pero no funcionan. Es un absurdo. Los
programas tienen que dejar de ser dádivas de gobernadores y funcionarios”,
indicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo.
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