Para el Senador Javier Corral, el modificar una ley que se aprobó en esta misma administración, demuestra que las reformas estructurales son iguales a cualquier otra regulación.
Por Daniela Barragán | octubre 2015
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Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Grupo Televisa. Foto: Cuartoscuro
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Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Para el
Senador Javier Corral Jurado, lo que está de fondo en las propuestas por
aplazar la fecha del apagón analógico, es el hecho de que Grupo Televisa no
realizó la inversión necesaria para la digitalización de señales en todo el
país, específicamente en aquellas señales que atienden las zonas más pobres y
marginadas del país, donde el interés publicitario de los anunciantes es casi
nulo, y por el contrario, lo que busca es un año más de concentración de
espectro, infraestructura, publicidad y audiencia.
Según cifras del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), en un informe sobre la evolución del programa de la
Transición Digital Terrestre (TDT), menciona que del total de las 460 estaciones
principales que existen en el país, ya están operando 445 mil 14 en instalación
y una sola en proceso de autorización; de estas señales existen 846 y sólo 67
están digitalizadas porque así se asignaron originalmente; 313 tienen solicitud
de migración pero no existe información sobre si alguna ya está en operación, y
más de la mitad, el 55 por ciento, ni siquiera cuentan con una solicitud de
migración ante la autoridad.
“Al no ser rentable, no asignaron los recursos para
adecuar la infraestructura necesaria de las antenas para las estaciones de
señales complementarias e incluirlas en el nuevo modelo de migración de la
TDT”, mencionó el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), en un
comunicado.
Esto se contrapone a lo que Emilio Azcárraga Jean, presidente
de Televisa, anunció el pasado 21 de octubre en el programa radiofónico de Ciro
Gómez Leyva. Sostuvo que Televisa ya había realizado la inversión y tenían
medidos los costos, por lo que no tenían ningún problema en seguir; que ya
transmiten en señal digital desde hace 11 meses y que producen programas ya
para esa tecnología.
Pero, agregó, que veía “complicadísimo” y “bien
difícil”, concretar la transición de lo analógico a lo digital en televisión
abierta, y que más allá de querer boicotear el proceso, la empresa defendía el
derecho a la televisión abierta de millones de personas en el país.
Esos millones de personas que viven en las zonas más
marginadas, es a las que no les digitalizó su señal de televisión. Para el
Senador resulta una mentira el argumento, porque con las cifras del IFT, queda
evidenciada la falta de inversión en las antenas de señales complementarias.
“Si este espíritu por defender los derechos
fundamentales fuera real, se solicitaría acelerar tal proceso para generar una
auténtica competencia en el sector, y animar así, la pluralidad de contenidos”,
agregó el Senador.
La TDT fue uno de los temas más relevantes en el
proceso de aprobación de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, al
ser una innovación tecnológica de gran impacto en el ejercicio del derecho a la
información, competencia en televisión y pluralidad y diversidad de contenidos,
ya que permite transmitir, donde antes había un solo canal, varias señales más.
Las razones por las que analistas consultados por
SinEmbargo consideran que Televisa se opone a la acción constitucional, es por
motivos de competencia y su modelo de negocios; requieren del rating para
ofrecer paquetes de publicidad, la principal fuente de ingresos de las
televisoras.
En este sentido, la entrada de Cadena Tres al mercado,
es un factor que las empresas que controlan el 96.5 por ciento del mercado,
Televisa y Tv Azteca, que consideran riesgoso para sus ingresos por publicidad.
Entonces posponer el apagón también es un freno a la
entrada de Cadena Tres, quien pagó mil 800 millones de pesos por una cadena de
televisión digital de cobertura nacional. Además anunció un soporte financiero
de 10 mil millones de pesos para el despliegue de toda la infraestructura
necesaria y ya está en un proceso de transición que le ha generado gastos por
más de 5 mil millones de pesos.
Otro mercado que Televisa quiere cuidar es el de la
televisión por cable, donde fue declarado Agente con Poder Sustancial al tener
una participación del 62 por ciento.
Sin embargo, es este mercado el que actualmente
sostiene a la empresa: sus servicios de triple play, IZZI, Cablecom y Sky
suponen en 2015, el 54.2 por ciento de los ingresos de la empresa, 12 por
ciento más en comparación con el mismo periodo de 2014. En lo que respecta a
los ingresos por los servicios de cable (Ceblevisión, Cablemás, Cablecom,
Telecable) en los tres últimos meses fueron de 5 mil 912 millones de pesos, con
una utilidad de 2 mil 372 millones de pesos.
Aplazar el “apagón analógico” beneficia al
preponderante de la televisión restringida; es decir Televisa, pues la TDT
abriría mayor oferta programática y de contenidos de manera gratuita, lo cual
impactaría en la disminución de sus suscriptores actuales.
Esta fue una de las razones de mayor peso para
boicotearlo en 2013, ya que con la señal digital hay casas que reciben hasta 40
canales. “La ecuación es muy sencilla: TDT aumenta disposición de canales
abiertos en beneficio del consumidor. Más competencia, menor precio”, se agrega
en el documento.
Otra de las consecuencias sería el retraso del proceso
de licitación de la Red Compartida que será desplegada en la banda de los 700
MHz y que hoy es ocupada en varios segmentos por algunas concesiones de
televisión. Esta política, además de atraer fuertes inversiones, es una
oportunidad para aumentar la cobertura de Internet en zonas rurales e impulsar
la inclusión digital, otra de las promesas de la reforma en materia.
REFORMAS ESTRUCTURALES ENDEBLES
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El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de
Telecomunicaciones el 14 de julio de 2014. Foto: Cuartoscuro.
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En el documento también se advierte una fuerte crítica
a la postura de los legisladores. Para Corral, el Congreso exhibe la fragilidad
de las reformas constitucionales, sobre todo, de las llamadas “reformas
estructurales”, que fueron vendidas a la población como cambios necesarios para
el progreso de México, pero “que son tan flojas como cualquier regulación
mínima”.
A la declaración de Azcárraga, le siguieron otras de
legisladores de los principales partidos. Miguel Barbosa Huerta, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), habló de la presentación de una iniciativa que
reformara la Constitución para que el apagón se concrete el 30 de junio de
2016. Por su parte, representantes del Partido Acción Nacional (PAN)
propusieron que sea hasta el 31 de diciembre de 2016. A su vez, Emilio Gamboa
Patrón dijo que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), no
permitiría que miles de familias se queden sin señal de televisión.
Javier Lozano Alarcón, también Senador del PAN, ha
sido uno de los actores principales desde que se aprobó la reforma hasta este
punto en el que ahora busca revertir lo que en su momento aprobó.
Además de insistir en ampliar la fecha, pide que se
vuelvan a encenderse las zonas que ya
habían sido “apagadas”, es decir, se regresaría a los concesionarios (Televisa
y Tv Azteca) el espectro que el Estado ha ido recuperando por etapas.
El IFT en un comunicado del día de ayer, le reviró a
Lozano el cambio que quiere hacer al marco legal que él mismo defendió y votó,
“Si no se quería que terminara la transición a la Televisión Digital Terrestre
el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué lo aprobó así? Si no se querían apagones
analógicos anticipados ¿por qué los aprobó?”, cuestionó el Instituto.
“Televisa manda sí, el mensaje de su poder vigente y
transversal a partidos y poderes. Pero México, como Nación y gobierno, le envía
al mundo el deplorable mensaje de que las reglas constitucionales -en materia
energética, de telecomunicaciones, educación,
financiera o de competencia económica-, se pueden
cambiar al gusto de un empresario con influencias en el Congreso. Sobre todo si
tiene un arma poderosa como la del señor Azcárraga y la tiene apuntada a un
régimen político corrupto y en franco proceso de pudrición y ocaso”, concluye
el texto de Corral Jurado.
“Ah, que lo dice la Constitución, como si fuéramos
aquí muy puristas, de que jamás le metemos mano a la Constitución”, es uno de
los argumentos que ha manejado Lozano Alarcón.
LOS DERECHOS DE LA AUDIENCIA
La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias
(AMDA) dijo hoy, en un comunicado, que postergar el apagón analógico tiene
implicaciones en materia de los derechos de las audiencias y que de acuerdo con
los Estándares sobre Transición a la Televisión Digital Terrestre de la
Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), deben agotarse las posibilidades para garantizar a
las audiencias el acceso a la televisión digital abierta antes del apagón
analógico.
Si bien considera que uno de esos derechos es el de
las personas que no cuentan con un aparato que reciba la señal digital, también
se debe priorizar el acceso a la televisión digital abierta y a una mayor
oferta de canales.
“Esta Asociación demanda respetar en lo posible el
mandato constitucional y que los Poderes de la Unión se concentren en atender
su obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir en tiempo y
forma con el apagón analógico respetando el compromiso de penetración de al
menos 90 de los hogares que sólo cuentan con equipos analógicos para recibir
las señales de la televisión abierta y garantizando que la población más
desfavorecida tenga acceso al servicio”, puntualizó la AMDA.
GRUPO IMAGEN DESMIENTE DEMANDA AL GOBIERNO
Grupo Imagen Multimedia aclaró esta tarde que el
comunicado donde se señaló que la empresa consideraba interponer una demanda
contra el Gobierno federal si el apagón analógico no se lleva a cabo el 31 de
diciembre de este año, como lo indica la Constitución, es apócrifo y que la
empresa aún no ha fijado ningún posicionamiento sobre el tema.
Hoy por la mañana comenzó a circular un Olegario
Vázquez Aldir, propietario de la compañía, en un comunicado. “Aplazar el inicio
de las transmisiones digitales no sólo afectaría nuestro programa de inversiones
de 10 mil millones de pesos, sino que el propio Gobierno estaría incentivando
prácticas anticompetitivas en favor de las televisoras abiertas de cobertura
nacional ya existentes”.
De retrasar el apagón, señalaba el documento rechazado
esta tarde por Grupo Imagen, el Gobierno federal mancharía la transparencia con
que se manejó la licitación para operar nuevas cadenas de TV abierta. “Se
pondría en duda la intención del Gobierno federal de hacer llegar nuevos y
mejores contenidos a la población mexicana”, remataba.
Horas después, en un comunicado, la empresa aclaró que
“Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, no ha
hecho declaración alguna al respecto”.
“Grupo Imagen Multimedia no ha fijado una posición
sobre el particular y, por lo tanto, rechaza la versión que algunos medios le
han atribuido”, agrega.
Tomado de SinEmbargo.
Tomado de SinEmbargo.
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