Los mexicanos debemos alegrarnos de que existe una
iniciativa de Ley de Competencia Económica enviada esta semana al Congreso por
el Presidente Peña Nieto, con el que se pretenden insertar en nuestra
legislación una serie de medidas que alienten la competitividad, el libre
mercado y se opongan al control económico de particulares, en detrimento de
toda la sociedad.
Hay que reconocer la voluntad presidencial de tocar este
tema, que seguramente va a afectar intereses muy fuertes, pero es hora también
de hacer un reconocimiento muy serio a medios de comunicación que con su
debate, han permitido desenmascarar monopolios disfrazados de ovejas que ahora
se dicen víctimas de la competencia.
Es el caso de Dish, empresa que ha construido con el apoyo
de periodistas alineados con Carlos Slim como Revista Proceso, Carmen
Aristegui, Jenaro Villamil y los diarios La Jornada, Universal y Reforma, una
imagen de la pequeña empresa que como la caperucita roja, lucha contra el
malvado lobo feroz del duopolio televisivo.
Las mayorías no debemos defender a nadie. Ni a Televisa ni a
Slim, pero sí debemos decir claramente que Dish es una empresa farsante, que no
quiere pagar por la señal que roba a las televisoras, pero sí le cobra a sus
clientes esa misma señal con un aumento en sus recibos. No es una caperucita; es
un lobito parido por el lobo mayor que siempre anda de cacería, comprando
empresas en todo el mundo, con las garras afiladas para seguir produciendo
dinero a costa de sus clientes.
Para entender el debate que se escucha en algunos medios
como MVS y el noticiero de Carmen Aristegui, recomendamos leer este artículo publicado por Reporte Índigo:
Reporte Índigo
#Puntossobrelasíes
Del Dish a la boca…
La aparición de contratos privados celebrados desde 2008 entre Telmex, Echostar y Dish México, obligan al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a dar una revisión exhaustiva al caso.
Jueves 20 de febrero de 2014
La aparición de contratos privados celebrados desde 2008 entre Telmex, Echostar y Dish México, obligan al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a dar una revisión exhaustiva al caso.
Sobre todo cuando se está en la antesala de dos eventos cruciales para las telecomunicaciones.
Uno, decretar la dominancia, o no, del mayor jugador telefónico de México. Y eso tiene que ocurrir el próximo 9 de marzo.
Y dos, evaluar si se modifica a Telmex el título de concesión para autorizarle la incursión en la televisión abierta o satelital.
Puede ser, como ratifica la empresa Dish anoche en su boletín, que todo sea legal, que la opción de que Telmex adquiriera Dish ya estaba contemplada de origen y registrada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Pero si fuera así, por qué una y otra vez se insistió en que el papel de Telmex en Dish era solo el de facilitar la cobranza a través de los recibos telefónicos a cambio de una comisión.
Si a eso se limitaba, ¿para qué crear una tenedora llamada Teninver para que se convirtiera en la concentradora de los intereses Telmex-Dish?
Cuál era la intención de negar, una y otra vez, que Slim no era el mecenas detrás de la nueva televisión satelital.
Y rechazar que en los contratos era claro que Telmex tiene una opción, que se vuelve obligación irrevocable, de adquirir la mayoría accionaria. O en el peor de los casos, un crédito por 395 millones de dólares.
El fondo de la investigación de las autoridades de telecomunicaciones está en detectar si desde entonces, en su reporte primero, se notificó que Telmex estaba dentro con lo que se llama un Put y un Call. Es decir, con derechos preferenciales y obligatorios para adquirir la empresa.
De no ser así, Slim habría fallado en reportar, tanto a la Bolsa Mexicana como a la American and Exchange Comission, de un evento relevante -325 millones de dólares- y sería sujeto a una severa penalización tanto en México como en Estados Unidos.
Más aún, si Telmex estaba haciéndose de una participación mayoritaria en televisión satelital, ¿no estaba violando acaso su título de concesión que le impedía el acceso a televisión abierta, restringida o de paga?
El efecto de violentar el contrato de concesión podría ir desde obligarlo a sacar las manos de Dish, o incluso cancelarle el título de concesión, sin descontar otras consecuencias penales.
Por eso urge el deslinde y la clarificación del IFT. Porque la recién aprobada Reforma de Telecomunicaciones no debe nacer con una sombra así.
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