Quién dijo
miedo
Carmen
Aristegui F.
27 Jun. 2014
La divulgación de la conversación telefónica de Purificación
Carpinteyro, en la que se le escucha proponer una idea de negocio a un antiguo
compañero suyo en Telefónica, fue milimétricamente calculada. Quien realizó el
espionaje y difundió su contenido midió con precisión los efectos que causaría
pero, sobre todo, el momento en que los causaría.
La intervención fue hecha hace varias semanas. Se buscó distraer la
atención pública y mediática justo en el momento en que se perfila un periodo
extraordinario para aprobar un dictamen de leyes secundarias, cuyos contenidos
hacen temer una contrarreforma y un saco de regalos para Televisa.
Una de las voces más fuertes y autorizadas, en el Congreso, en materia
de telecomunicaciones, tuvo que excusarse de participar justo en el momento más
crítico y en el que están por ocurrir grandes definiciones y no necesariamente
a favor del interés general.
Mujer inteligente y conocedora, Purificación cayó, indudablemente, en
un conflicto de interés al pretender impulsar un negocio particular, del cual
podría llegar a ser beneficiaria. El error salió caro a la legisladora, porque
quedó atrapada en un linchamiento, en parte inducido, en parte espontáneo, en
medios de comunicación y redes sociales.
El ruido causado no logró, sin embargo, distraer del todo la mirada
sobre otras cosas sustantivas que pretendieron ser opacadas.
Reforma dio cuenta, ayer, de la reunión el pasado domingo entre
funcionarios del gobierno federal y representantes de los partidos, que
plasmaron en un documento los avances de sus negociaciones acerca de los nueve
temas más polémicos de la reforma. La mayor parte de la discusión se centró en
la definición de la llamada preponderancia y los criterios sobre los cuales
será determinada.
Las voces que han alertado sobre el asunto afirman que lo que se
pretende es que la preponderancia sólo sea declarada por sector y no por servicio,
lo que permitiría a Televisa no sólo mantener sino aumentar su dominio sobre el
mercado de la televisión restringida, que hoy por hoy representa más del 60% de
los suscriptores.
El IFT sólo se ha pronunciado sobre la condición preponderante de
Televisa en la radiodifusión abierta (con casi 60% de la audiencia) pero no lo
ha hecho sobre la televisión de paga.
Si, como se afirma, prevalece el criterio favorable a Televisa,
promovido por el gobierno federal, estaríamos frente a la violación de la Carta
Magna, a partir de la aplicación de sus leyes secundarias.
La Constitución dice: "Se considerará como agente económico
preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los
Servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente,
directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por
ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores,
audiencia, por el trafico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas,
de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de
Telecomunicaciones".
Ser declarado preponderante en el sector de las telecomunicaciones,
como ha sido declarado por el IFT el consorcio de Slim, impone medidas que
buscan aminorar la enorme concentración y promover la competencia. Lo mismo
ocurre con Grupo Televisa y 34 estaciones que emiten señal de televisión
abierta en el país, declarados preponderantes también por el IFT.
A ninguno de los dos gigantes les ha gustado lo que impone el nuevo
marco constitucional. Los dos han promovido amparos, para impedir ser acotados.
El tema, hoy, es que si terminan cediendo -como todo parece indicar- a
las presiones de Televisa, legisladores y partidos políticos, y dejan sin
aplicar el criterio constitucional de la dominancia por servicios y lo dejan
por sector, lograrán, entonces, impedir que sea declarada su preponderancia en
televisión de paga y, de paso, abrirían la puerta para que el emporio de Emilio
Azcárraga obtenga un amparo contra la decisión del IFT que los declaró
preponderantes en televisión abierta.
Habrá medidas asimétricas y antimonopólicas para el gigante Slim, cosa
que no sólo es inevitable sino altamente deseable. Sin embargo, el otro gigante
que concentra audiencias, cobertura y monopoliza -por su tamaño- el mercado de
la opinión pública sería tratado como un agente "normal" y no habría
medidas que pudieran atemperar un nocivo poder dominante, que afecta mercados,
consumidores y pluralidad.
Si algo así sucede, se habrá consumado una contrarreforma, y quedará,
una vez más demostrado en este país, cuánto miedo le tienen a Televisa.
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